sábado, 5 de mayo de 2012

Comunicado de la Federación Regional sobre el nuevo R.D 16/2012

La Junta Directiva de la Federación ALCER de Castilla y León, se reunió  en Soria, en el curso de la XVIII Jornada de Pacientes Renales, y acordó soli­citar a la Consejería de Sanidad de esta Comunidad una entrevista urgente con sus responsables, para recibir información detallada del alcance del contenido del R.D. 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibi­lidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, y para que la Consejería concrete cómo se van a aplicar la norma del gobierno central en Castilla y León.

Asimismo, la directiva de ALCER acordó dar traslado a los medios de comuni­cación del primer análisis que, sobre el real decreto, ha realizado la Federación Nacional ALCER y que es el siguiente:

                - ALCER mantiene su compromiso de trabajar para la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mantener, al menos, los niveles de calidad que ha tenido hasta ahora.
               
                  - Las medidas recogidas en la nueva normativa son inaceptables y a los enfermos crónicos les crean una gran preocupación.
                
                 - La enfermedad crónica obliga a un modo de vida que tiene particulari­dades especiales y que este Real Decreto no recoge.
              
                 - No se contemplan las medidas específicas que necesitan los enfermos cró­nicos para garantizar su tratamiento y evitar errores de consecuencias nefas­tas.

Esta normativa puede provocar:

En relación al Transporte Sanitario no Urgente (Hemodiálisis):

             - El copago sin límite del transporte sanitario no urgente, como el que necesitan los pacientes renales en tratamiento de hemodiálisis, pone en peligro la salud de los mismos si se tiene en cuenta que muchos de ellos no podrán asumir su desplazamiento a un tratamiento vital o acudirán menos de lo que sería necesario. La mayoría de los pacientes tienen que ir a las unidades de diálisis 3 veces en se­mana, pero los hay que necesitan 4, 5 o incluso 6 sesiones, dependiendo de su situación y de las patologías asociadas..

             - Falta de equidad porque el coste económico no es el mismo para un paciente que viva a 10-15 km de su centro más cercano que a 150-200 km o que tenga que desplazarse de una isla a otra porque no hay tratamiento de hemodiálisis en la que reside.

En relación al pago de los medicamentos:

                  - Coste inasumible para muchos pacientes porque el pago de las medici­nas supone mucho más que 8 ó 18 € en función de su renta, ya que hay que añadir el transporte, complementos dietéticos esenciales, ortoprotésicos, etc.

                 - Esta normativa pondrá en peligro la salud de muchos enfermos crónicos por no poder comprar determinados medicamentos esenciales para su tratamiento por su alto coste.
El adelanto del pago por parte del paciente, aunque sea del 10% y la Comunidad  Autónoma  reintegre  la  diferencia  en  función  de  la  renta, pone en grave peligro el cumplimiento del  tratamiento y ello se añade a  la  situación  creada  por  el  copago  del  transporte  sanitario,  de productos dietéticos y ortoprotésicos. 

Todo ello nos lleva a las siguientes conclusiones:

                  1ª.-  Estas  medidas  perjudican seriamente a todos los enfermos y en particular a  los  enfermos  crónicos como los enfermos renales.

                   2ª.-  El  coste  del  transporte  sanitario  no  urgente  es  inasumible económicamente para los pacientes crónicos.

                  3ª.- El gasto de un paciente crónico en medicamentos y suplementos pone en peligro el cumplimiento de su  tratamiento.

                   4ª.-  Todo ello  acarreará  con  toda  seguridad  situaciones  en  las  que  se  va a poner en peligro la vida de muchos pacientes crónicos y queremos saber si el Gobierno va a asumir esos riesgos o posibles situaciones nefastas para la salud de muchos ciudadanos.


En ALCER  pensamos  que  dentro  de  los  Presupuestos  Generales  del Estado  y  de  los  autonómicos,  existen  otras  partidas  desde  las  que  se podrían  destinar  fondos  para  financiar  los  costes  sanitarios  y evitar así medidas que pueden poner en peligro la vida de algunos enfermos renales  crónicos.  Confiamos  en  que un  análisis  en  profundidad de  la problemática  especial  que  es  intrínseca  a  los  enfermos  renales  crónicos sirva para que el gobierno modifique las medidas recientemente instauradas.  Para  analizar  posibles  soluciones,  cuentan  con  toda  nuestra colaboración.

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